Fenacore pide revisar los caudales ecológicos aprobados y aplicar criterios homogéneos que garanticen agua para el regadío
Demandan una planificación realista, transparente y económicamente rigurosa de las medidas contempladas en los planes para que estos tengan credibilidad
Madrid, 28 de mayo de 2026 – Los regantes reclaman al Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miterd) revisar los caudales ecológicos y aplicar criterios homogéneos que garanticen la disponibilidad del agua para el regadío aprobados; defienden la necesidad de mantener y construir nuevas presas como herramienta clave para asegurar recursos hídricos frente a la variabilidad climática y demandan una planificación realista, transparente y económicamente rigurosa de las medidas contempladas en estos planes para que estos tengan credibilidad.
La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) ha presentado ante el Miterd el documento con sus alegaciones a los Esquemas Provisionales de Temas Importantes para el ciclo 2028-33, la base para elaborar posteriormente los Planes Hidrológicos de cada cuenca en el periodo mencionado.
Fenacore pide al Ministerio que establezca una única metodología, que a día de hoy no existe, para calcular cómo afectan los caudales ecológicos al regadío. Esta petición tiene el doble objetivo de que el análisis sea igual para todas las cuencas y de que se sepa realmente cuál es el impacto que tienen para el regadío y cuánta agua deja de estar disponible para el mismo.
También solicitan flexibilizar la cuantía de estos caudales en situación de sequía grave, reduciéndolos temporalmente en el caso de sequías prolongadas, incluso en espacios protegidos, con la finalidad de reservar más agua para el consumo humano y agrícola, y revisar los caudales ecológicos en las masas de agua donde estos han variado mucho como consecuencia del cambio climático.
El segundo eje clave en las alegaciones presentadas por Fenacore se centra en la defensa de la construcción y el mantenimiento de nuevas presas de regulación siempre que estas sean viables técnica, ambiental y económicamente. Estas son unas herramientas esenciales para almacenar agua en periodos húmedos, garantizar el suministro durante las sequías y reducir la dependencia de la variabilidad climática.
Fenacore recuerda que un total de 29 presas aprobadas en anteriores Planes Hidrológicos están aún sin construir. A este hecho se suma la necesidad de 100 millones de euros anuales destinados al mantenimiento y mejora de la seguridad de las presas para evitar la pérdida de agua durante las avenidas como las producidas el pasado invierno.
Precisamente, la demanda de una planificación realista, transparente y económicamente rigurosa de las medidas contempladas en los planes es el tercer eje de las alegaciones de Fenacore, que señala el bajo grado de ejecución presupuestaria global de anteriores planes. La organización pone el ejemplo del que todavía está en vigor, 2021-27, que a fecha de 31 de diciembre de 2024, esto es, a mitad del mismo, registra un grado de ejecución general que no llega al 25%. El anterior, 2015-21 se quedó en el 40%.
Fenacore denuncia que estos incumplimientos restan credibilidad no solo al programa de medidas, sino al propio proceso de planificación, ya que fracasan los objetivos del plan. Esta situación, que no es nueva, puesto que se viene repitiendo en todos los ciclos de planificación, impide que se alcancen los objetivos ambientales a 2027 y que no se atiendan adecuadamente las demandas.
Aguas subterráneas y regeneradas
La organización pide a la administración hacer un análisis detallado de las aguas subterráneas que no se encuentren en un buen estado cuantitativo para evaluar la repercusión económica que la limitación de extracciones tendría sobre la actividad agraria. Asimismo, exige que las administraciones hidráulicas se doten de los recursos necesarios para resolver con urgencia la gran acumulación de expedientes de aguas subterráneas pendientes de resolución.
Respecto a las aguas regeneradas, propone en sus alegaciones que su uso debe ser voluntario y preferentemente sustitutivo, reconocer su papel estrictamente complementario y no como solución estructural, asegurando al agricultor calidad, precio asumible, continuidad del suministro, viabilidad técnica y seguridad jurídica. Para ello, se debe aplicar el principio «quien contamina paga», para no cargar los costes urbanos al regadío y revisar de forma periódica las reservas sobredimensionadas de otros usos.
Especies invasoras y dominio público hidráulico
En cuanto a las especies invasoras, Fenacore propone en sus alegaciones reconocer el grave impacto económico, energético y operativo que tienen sobre las infraestructuras de riego, priorizando el control de aquellas que causan obstrucciones críticas como el mejillón cebra o la almeja asiática. Además, solicitan reforzar el programa de medidas con actuaciones de muestreo, desinfección, tratamientos físicos o químicos seguros e investigación aplicada y habilitar líneas de apoyo económico directo para las Comunidades de Regantes afectadas.
Por último, en el ámbito del dominio público hidráulico, piden incorporar un programa específico que refuerce la seguridad jurídica de los aprovechamientos existentes y evite revisiones generalizadas que comprometan la viabilidad de las explotaciones. Se solicita aprobar medidas de simplificación administrativa y tramitación electrónica integral para agilizar expedientes críticos como las novaciones, renovaciones y cambios de características. Para ello, consideran urgente reforzar los medios humanos y técnicos de las Confederaciones Hidrográficas para acabar con el colapso administrativo y evitar perjuicios económicos a los usuarios.
Desde Fenacore subrayan “la relevancia de estas alegaciones, porque van a condicionar de forma directa el impacto de la planificación hidrológica sobre el regadío en el próximo ciclo, por lo que han abogado por intentar compatibilizar la protección ambiental y el regadío, revisando el conjunto de medidas presentadas para que las Comunidades de Regantes tengan seguridad jurídica, no asuman costes desproporcionados por exigencias ajenas a su actividad y se priorice de una vez el cumplimiento real de las infraestructuras que el campo necesita”.
