Una “desenfocada” Planificación Hidrológica

Desde nuestro sector consideramos que la planificación hidrológica, tal y como está concebida en los documentos provisionales existentes, limita aún más la disponibilidad de agua para regar durante los próximos años y también la producción de alimentos. Por ello, urge encauzarla, por el bien común y el interés de todos.

Paradójicamente, a los regantes, que después de un gran esfuerzo en la modernización de los sistemas de riego hemos reducido ya a menos de un 70% nuestra proporción como usuarios del agua a nivel nacional, no se nos ha tenido en cuenta, a efectos prácticos, ninguna de las alegaciones presentadas a los EPTIs, como documentos previos a la elaboración de los nuevos planes hidrológicos que marcarán la gestión del agua en las próximas décadas. Y ello pese a que, sin regadío, la producción de alimentos, la fijación de la población en las zonas rurales o la lucha contra la contaminación quedarían seriamente amenazadas.

El periodo para formular alegaciones expira el 23 de diciembre. Los planes se aprobarán previsiblemente en primavera. Pero, ¿cuáles deberían de ser sus objetivos prioritarios? Por un lado, el cuidado del medio ambiente. Por el otro, y no menos importante, la satisfacción de las demandas de agua para conseguir un desarrollo económico y social que beneficie a la sociedad en su conjunto, no únicamente a unos pocos.

Y a tenor de su confección, la planificación hidrológica más bien podría llamarse ideológica, por el preocupante desequilibrio entre la satisfacción de las demandas y la protección del medio ambiente. Parece olvidarse de la necesaria garantía de agua para determinados usos y centrarse en un ecologismo casi radical con carácter prioritario.

En esta línea, la modificación del Reglamento de la Planificación Hidrológica -frente a la que votamos en contra recientemente en el Consejo Nacional del Agua- resulta improcedente, puesto que ya se encuentran en proceso de información pública los borradores de los planes hidrológicos. Asimismo, denunciamos que este cambio vulnera el principio de participación efectiva de los usuarios y provoca indefensión.

En la batería de alegaciones que formulamos, detallábamos que al descontento por la ideologización del Ministerio se suma la desconfianza que causa el incumplimiento por parte de las distintas administraciones a lo largo de las últimas legislaturas de los acuerdos alcanzados en torno a las infraestructuras hidráulicas de las que depende el regadío.

Asimismo, rechazamos una subida del precio del agua por considerar que tiene un claro afán recaudatorio y amenazaría la supervivencia de muchos cultivos, cuando en España se recuperan el 80% de los costes financieros relacionados con el agua y cerca del 70% de los costes totales, lo que demuestra que se cumple sobradamente con la normativa europea.

En paralelo, remarcamos que la sostenibilidad ambiental debe ir acompañada de la sostenibilidad económica y social, por lo que cada Plan Hidrológico tendría que analizar de manera completa y rigurosa los efectos de los caudales ecológicos. De ahí nuestra recomendación de actuar con prudencia en el establecimiento de estos caudales, que a nuestro juicio no pueden crecer en todos los planes hidrológicos.

Desde Fenacore reiteramos la necesidad de realizar un análisis jurídico de lo que supondría la aplicación de los caudales ecológicos para las concesiones vigentes. Y destacamos que su implantación requiere análisis hidrológicos y económicos, puesto que no es gratuita: tienen costes sociales y económicos que la sociedad debe conocer con transparencia.

En las alegaciones formuladas por Fenacore también reprochamos al Gobierno que apenas se ha ejecutado un 19% de la inversión prevista en los planes hidrológicos de ciclos anteriores, causa principal de que aún haya casi un millón de hectáreas pendientes de modernizar y de que un porcentaje elevado de las obras de regulación y de infraestructuras hidráulicas de interés general no se hayan ejecutado, pese a haberse recogido en los sucesivos planes.

No obstante, confiamos en que los fondos europeos sirvan para impulsar de manera decidida la modernización de regadíos, sobre todo a la vista de la inversión reflejada en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española para la transformación ambiental y digital del sistema agroalimentario y pesquero.

Los regantes hemos realizado negociaciones difíciles y hemos alcanzado acuerdos tan significativos con diferentes gobiernos como los relativos a la Ley de Aguas de 1985 y sus Reglamentos de 1986 y 1987 y a los ciclos de planificación hidrológica de 1998, 2014 y 2016. ¿Acaso ahora no vamos a ser capaces?

Desde esta Editorial, animo a la Comunidades de Regantes para que presenten sus respectivas alegaciones a los correspondientes planes hidrológicos de sus cuencas y recuerdo con reiteración que el plazo termina el próximo 23 de Diciembre de 2021.

De cualquier modo y en base a los resultados obtenidos de la negociación con el Ministerio de Transición Ecológica, desde FENACORE actuaremos en consecuencia en todas las cuencas y a nivel nacional.

Andrés del Campo

Presidente de FENACORE,
Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España